En 2023 tres cuartos de la población consideraban que la retardación de justicia está vinculada a los actos de corrupción y en 2024 esa fue la opinión del 79% de la población encuestada.
El 79 % de la población boliviana vincula la retardación judicial con prácticas corruptas, en un contexto marcado por vulneraciones de derechos e impunidad persistente, según el Índice de Percepciones Ciudadanas sobre la Justicia (IPCJ) 2023-2024, que fue elaborado por Ciudadanía y por la Fundación Construir.
Los resultados fueron comentados por los juristas Mónica Bayá y Ramiro Orías en un conversatorio virtual convocado por Ciudadanía y la Fundación Construir, en el que ambos advirtieron que la reforma judicial en Bolivia avanza con iniciativas dispersas, sin una hoja de ruta común y necesita de un pacto nacional que articule a actores políticos e institucionales.
En 2023 tres cuartos de la población consideraban que la retardación de justicia está vinculada a los actos de corrupción y en 2024 esa fue la opinión del 79% de la población encuestada.
Además, en 2024, un 15 % consideró que la retardación de justicia es una consecuencia de que los funcionarios son ineficientes y un 5,8 % que es culpa de mucho trabajo.
Para Bayá, el resultado referido a la corrupción se relaciona con la “desconfianza” de la gente sobre el sistema judicial y las actuaciones de los jueces y fiscales en el ámbito penal.
“El que haya salido con un porcentaje tan fuerte la corrupción no solamente está vinculado a la retardación, sino que es algo presente y es uno de los mayores problemas del sistema de justicia”, dijo Bayá, al señalar que ese dato “refleja la vivencia” de la gente.
Explicó que, en otros casos, la “corrupción acelera” una determinación judicial en contra de la norma, de tal forma que, según dijo, no solo está vinculada a la retardación.
Además, reconoció que en efecto hay una sobrecarga de trabajo en los juzgados porque cada año se suman 160.000 causas en materia penal y no hay capacidad en la Policía, ni la Fiscalía, el Instituto de Investigaciones Forenses, ni en el órgano judicial para responder a esa demanda.
Según Orías, a partir de la encuesta puede considerarse que la corrupción es la primera “barrera de acceso a la justicia”, incluso más que las barreras geográficas, económicas, lingüísticas o culturales de las que tradicionalmente se hablaba.
“La corrupción se está convirtiendo en un filtro que no permite este principio de acceso igualitario a la justicia. Todos tienen derecho a concurrir y a mediar sus conflictos, independientemente del poder económico o político que tengan”, sostuvo.
El experto también dijo que el 80 % de insatisfacción por falta de transparencia no está encontrando en términos de políticas públicas que contribuyan a abordar el corazón de problema de la crisis judicial que tiene que ver “con la agenda de integridad, probidad, idoneidad de los servidores judiciales”.
Clamor por un pacto nacional
Bayá sostiene que en los últimos meses han surgido señales relevantes para encarar una reforma judicial, aunque todavía insuficientes frente a la magnitud del problema. Entre ellas destaca la presentación de cuatro anteproyectos de ley por parte del Tribunal Supremo de Justicia, orientados a destrabar aspectos críticos como el financiamiento del sistema, un factor que constituye en limitante material para el acceso a la justicia.
Bayá subraya que la precariedad presupuestaria impacta especialmente en la cobertura de servicios judiciales, sobre todo en zonas rurales y alejadas, donde los ciudadanos enfrentan obstáculos estructurales para iniciar, sostener y dar seguimiento a sus procesos.
A su juicio, la reforma exige decisiones de alto nivel político que trasciendan al órgano judicial e involucren tanto al Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa, en un esfuerzo coordinado que apunte a un “pacto nacional por la justicia” con acuerdos sostenibles y viables, superando la lógica de intervenciones parciales o “parches” normativos.
Asimismo, advierte que una nueva ley como única herramienta de cambio no suficiente porque se necesitan abarcar dimensiones como el fortalecimiento institucional, las carreras judiciales y fiscales, y la cultura jurídica de la sociedad. En particular, cuestiona la visión predominantemente punitiva del sistema penal, que distorsiona la función de la justicia como mecanismo de resolución de conflictos y reparación de derechos.
Hoja de ruta para ejecutar la reforma
El analista Ramiro Orias advierte que, pese al creciente consenso sobre la urgencia de una reforma judicial en Bolivia, las señales emitidas por distintos actores siguen siendo dispersas y carecen de articulación en un plan nacional integral.
A su juicio, existe voluntad política e institucional, pero no un espacio de construcción colectiva que ordene esas iniciativas en una estrategia común.
El núcleo del problema, según el analista, no está en la falta de diagnósticos o propuestas, ya que “todos están pensando en el qué”, pero está ausente una hoja de ruta clara sobre el “cómo” ejecutar la reforma.
Esto incluye definir si se trata de un cambio constitucional profundo, ajustes legales para mejorar la gestión o una cuestión de recursos presupuestarios.
En ese contexto, destaca la iniciativa del grupo de juristas independientes, que impulsa la creación de una comisión nacional para la reforma de la justicia. La propuesta busca articular un “gran acuerdo país”, integrando a actores judiciales, políticos y sociales en una ruta crítica común que permita coordinar esfuerzos para hacer viable la reforma.
