Bolivia enfrenta un rezago significativo en este ámbito. Es el único país de la región que aún no cuenta con una normativa específica sobre acceso a la información pública
La experiencia regional demuestra que las leyes de acceso a la información son un estándar democrático. Foto: Unifranz
La Paz, 26 de marzo de 2026 (AND).- En un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia, el acceso a la información pública se posiciona como un pilar esencial para el periodismo y la salud democrática. Sin reglas claras que garanticen este derecho, la capacidad de fiscalizar al poder se debilita y la sociedad queda al margen de decisiones que afectan el interés colectivo.
Bolivia enfrenta un rezago significativo en este ámbito. Es el único país de la región que aún no cuenta con una normativa específica, sobre acceso a la información pública, según advirtió Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB). La periodista recordó que, aunque se impulsó un proyecto de ley junto a organizaciones civiles y gremios periodísticos —aprobado en el Senado—, este quedó paralizado en 2025.
Más allá del estancamiento legislativo, el problema de fondo radica en la falta de mecanismos que obliguen a las instituciones a transparentar su información. Para Alanes, el acceso a datos oficiales es determinante para el periodismo de investigación, que en los últimos años —según señaló— ha estado “virtualmente negado”.
Esta limitación no solo afecta a los periodistas.
También restringe el derecho ciudadano a estar informado. La labor periodística implica investigar, contrastar y difundir información relevante; sin embargo, sin una normativa que establezca plazos y procedimientos, este trabajo queda expuesto a decisiones discrecionales que dificultan su ejercicio. A pesar de este escenario, el periodismo boliviano ha logrado visibilizar temas de alto impacto público.
Alanes destacó que estas investigaciones han contribuido a revelar problemáticas relevantes, reafirmando el rol de la prensa como garante del derecho de acceso a la información y como actor clave en la fiscalización del poder.
El acceso a la información no debe entenderse como un privilegio del sector periodístico, sino como un derecho fundamental de la ciudadanía. Contar con una ley en esta materia permitiría fortalecer la rendición de cuentas, reducir la opacidad institucional y generar mayor confianza en las entidades públicas. Cuando la información es accesible, la participación ciudadana se amplía y la democracia se consolida.
Asimismo, disponer de datos verificables permite visibilizar problemáticas sociales, ambientales y de derechos humanos. En ese sentido, el periodismo de investigación ha jugado un papel relevante en la defensa de territorios y recursos, ampliando el debate público y promoviendo una ciudadanía más informada.
En un entorno marcado por la sobreinformación y la circulación de contenidos no verificados, la existencia de fuentes oficiales abiertas y confiables cobra aún más importancia.
Una legislación adecuada no solo ordenaría la relación entre el Estado y la sociedad, sino que también garantizaría condiciones equitativas para el ejercicio del derecho a informar y ser informado.
La experiencia regional demuestra que las leyes de acceso a la información son un estándar democrático. Avanzar hacia su implementación no solo cerraría una brecha normativa, sino que fortalecería las bases institucionales del país.
En este escenario, la carrera de Periodismo de Unifranz lanzó la cuarta versión del Reconocimiento al Periodismo de Investigación “Franz Tamayo”, con el objetivo de destacar el trabajo investigativo en Bolivia. La distinción cuenta con el respaldo de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) y el Congreso Hispanoamericano de la Prensa, que integran un jurado internacional. La convocatoria está abierta hasta el 15 de abril a través de la plataforma: https://eventos.unifranz.edu.bo/lpz/reconocimiento-alperiodismo
