En comunidades como Zapocó, Santa Teresita, Tobité II y zonas de Puerto Suárez, la falta de infraestructura sanitaria es total. “No hay puestos de salud, no hay caminos, no hay servicios básicos”, remarcó Picane
Habitantes del pueblo ayoreo. Foto: cortesía
La Paz, 23 de marzo de 2026 (ANF).- La situación del pueblo ayoreo atraviesa un escenario crítico marcado por la falta de atención en salud, la pobreza estructural y una persistente discriminación, según advirtieron la asesora legal de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB), Rocío Picanere, y Elizabeth Soliz Cruz, de la Fundación Munasim Kullakita. Ambas coincidieron en que el abandono estatal se ha profundizado pese a las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo desde 2020.
Solo entre enero y marzo de 2025, al menos seis personas ayoreas fallecieron por infartos y complicaciones derivadas de la hipertensión, según Picanere. “Estamos hablando de enfermedades crónicas como la diabetes y la presión alta que ya afectan incluso a jóvenes de 18 años”, señaló en contacto con ANF y advirtió la urgencia de estudios clínicos que permitan entender esta alta prevalencia.
Las condiciones estructurales agravan el panorama. En comunidades como Zapocó, Santa Teresita, Tobité II y zonas de Puerto Suárez, la falta de infraestructura sanitaria es total. “No hay puestos de salud, no hay caminos, no hay servicios básicos”, remarcó Picanere.
Incluso cuando logran llegar a un hospital, los pacientes enfrentan nuevas barreras: exámenes médicos costosos que deben pagarse de manera privada, imposibles de cubrir en contextos de extrema pobreza.
Esta precariedad se ha visto intensificada por procesos de migración forzada. Tras los incendios de 2019, muchas familias se desplazaron hacia centros urbanos como Concepción o Santa Cruz, donde su alimentación tradicional fue reemplazada por productos procesados y con agroquímicos. “Eso también está afectando su salud”, advirtió.
Desde su experiencia en comunidades urbanas de Santa Cruz, Elizabeth Soliz describió un panorama “muy alarmante”. La desnutrición infantil es uno de los problemas más graves. “Los padres no tienen ingresos estables y muchas veces recurren a la mendicidad. Eso impacta directamente en la alimentación de los niños”, explicó a ANF. Al igual que Picanere, confirmó la alta incidencia de enfermedades crónicas en la población.
A esto se suman barreras culturales y de acceso. “Muchos ayoreos no confían plenamente en la medicina occidental y prefieren sus remedios tradicionales”, señaló Soliz, quien recordó que durante la pandemia de Covid-19 no recibieron asistencia estatal y enfrentaron la enfermedad únicamente con sus propios conocimientos.
Discriminación constante
Ambas coincidieron en que la discriminación es un factor transversal que limita el acceso a derechos. Picanere denunció una estigmatización constante: “Cuando ocurre algo, se dice ‘fueron los ayoreos’, como si no tuviéramos identidad individual”. Esta generalización, agregó, impacta en la educación y el empleo, llevando a que muchos jóvenes abandonen sus estudios.
Soliz, por su parte, enfatizó la “invisibilización” del pueblo ayoreo incluso en contextos urbanos. “Viven en el centro de Santa Cruz, pero no existen en las políticas públicas”, afirmó. Las barreras lingüísticas agravan la exclusión. Muchos niños no comprenden el castellano y no reciben educación en su idioma, lo que incrementa la deserción escolar.
El diagnóstico de ambas entrevistadas coincidió con el informe de la Defensoría del Pueblo de 2020, que ya advertía sobre un escenario de extrema vulnerabilidad, hacinamiento y exclusión social. El documento identificó graves falencias en salud, educación, vivienda y acceso a la identidad, además de problemáticas como el consumo de inhalantes en menores de edad y la exposición a redes de trata.
Entre sus recomendaciones, la Defensoría instó a implementar brigadas móviles de salud con enfoque intercultural, garantizar la educación bilingüe, promover programas de empleo y realizar campañas de documentación para asegurar el acceso a derechos básicos. Sin embargo, seis años después, las entrevistadas coincidieron en que estas medidas no se han materializado.
“No hay avances. No ha habido ni siquiera un acercamiento de las autoridades”, cuestionó Picanere, quien denunció el incumplimiento de los mandatos dirigidos a los gobiernos municipales para priorizar la atención al pueblo ayoreo. En la misma línea, Soliz remarcó que “lamentablemente no ha habido intervención del Estado”.
Pese a este contexto adverso, existen avances aislados, principalmente en el ámbito educativo, donde algunos jóvenes han logrado concluir el bachillerato e ingresar a la universidad. No obstante, estos logros resultan insuficientes frente a un problema estructural.
