Desde Coroico hasta Viacha, comunidades y organizaciones se movilizan para defender estos territorios vitales para el agua, el clima y la biodiversidad del país
Área Natural de Manejo Integrado y Gestión Comunitaria del Agua y Biodiversidad – Serranía Incahuasi /Foto: Fundación Natura
En las montañas húmedas de los Yungas, donde los ríos nacen entre la niebla y los bosques respiran silenciosos, hay territorios que sostienen la vida sin pedir nada a cambio. Son las áreas protegidas, esos espacios que muchas veces pasan desapercibidos, pero que cumplen funciones esenciales para todos: nos dan agua, regulan el clima, protegen la biodiversidad y conservan la memoria natural y cultural del país.
El 4 de septiembre, en el Día Nacional de las Áreas Protegidas, la mirada se dirigió hacia uno de esos lugares que resisten: la Reserva de Agua y Conservación de Ecosistemas Montanos Río Negro, en el municipio de Coroico, La Paz. Desde allí, la voz de Lilian Apaza, coordinadora de Áreas Protegidas de Fundación Natura, recordó que la conservación no es una opción, sino una necesidad urgente y compartida. Porque hablar de estas áreas es hablar del futuro: del agua que beberemos, del aire que respiraremos y de los alimentos que podremos cultivar.
La minería no es la única amenaza que enfrentan las áreas protegidas en Bolivia. La deforestación provocada por chaqueos descontrolados, el avance de la frontera agrícola, la expansión de hidrocarburos y, quizás más grave aún, la falta de financiamiento y de vigilancia efectiva, están erosionando lenta pero constantemente estos territorios que son, en realidad, los pulmones, las arterias y el alma del país. Lilian Apaza lo resume claramente: “No podemos cuidar lo que no se apoya. Si no hay presupuesto, si no hay personal capacitado, si no hay compromiso político, las áreas protegidas quedan en el papel, pero no en el territorio”.
El problema se extiende
La tensión social por los impactos de la minería crece en distintas regiones. Hace días, decenas de indígenas aimaras tomaron por la fuerza la alcaldía del municipio de Viacha para exigir al alcalde que retire las licencias de funcionamiento a más de una veintena de empresas mineras que, según denunciaron, están contaminando el suelo, los pastizales y afectando gravemente la salud del ganado y de las personas.
Este conflicto en Viacha pone en evidencia una problemática que se repite en muchas zonas del país: la creciente presión sobre territorios que deberían estar dedicados a la vida y no al extractivismo. Según datos de la Fundación Natura, actualmente Bolivia cuenta con 144 áreas protegidas municipales, 5 áreas protegidas de autonomía indígena, 31 áreas departamentales y 24 áreas nacionales, haciendo un total de 204 areas protegidas aproximadamente entre nacionales y subnacionales (en el caso de las municipales se va creando continuamente).
En el departamento
Solo en Santa Cruz hay más de 46, distribuidas en cinco de carácter nacional, diez bajo tuición departamental, 27 municipales y 4 pertenecientes a autonomías indígenas. A esta red se sumará muy pronto una nueva área: Mandiyurenda, cuyo lanzamiento oficial está previsto para el 10 de septiembre. Se trata de un avance concreto en la defensa de territorios estratégicos para la biodiversidad y el bienestar humano, un paso más hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible.
Sin embargo, el presupuesto asignado es muy limitado: apenas alcanza para cubrir sueldos de guardaparques, los directores y algunos gastos mínimos como combustible y alimentación. La escasez de recursos y contratos temporales vulneran el trabajo de quienes protegen estas áreas. Un ejemplo doloroso de ello fue la reciente muerte de un guardaparque del Madidi, quien luego de sufrir problemas respiratorios a causa de los incendios, tuvo que desplazarse por su cuenta para recibir atención médica y falleció en un accidente al retornar.
Ante este escenario, organizaciones como Fundación Natura, BBF, Conservación Internacional y otras han firmado convenios con el gobierno para brindar apoyo complementario. Fundación Natura, por ejemplo, colabora con parques como Amboró, Noel Kempff, Iñao y Kaa-Iya, cubriendo parcialmente gastos relacionados con comités de gestión, combustible o atención a emergencias. Además, se trabaja en un proyecto de largo plazo liderado por BBF, que busca asegurar la permanencia de estas áreas mediante fondos internacionales.
