Imagen del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, tomada de Eju.tv
La Defensoría del Pueblo de Bolivia advirtió este lunes 22 de julio de 2025 que la respuesta del Estado frente a la pornografía infantil es “insuficiente”, pese a los recientes operativos policiales que desarticularon dos redes criminales y confiscaron más de 11.000 archivos de “alto contenido violento y sexual”.
Según el Ministerio Público, hasta junio se registraron 136 casos, aunque la Defensoría señala que esa cifra “subestima la magnitud real de este delito”, catalogado como una de las “formas más extremas de explotación y violencia sexual”.
Aunque Bolivia cuenta desde 2012 con la Ley Integral contra la Trata y el Tráfico de Personas, que tipifica la pornografía infantil como delito, esta sigue expandiéndose en el entorno digital, caracterizado por el anonimato, la transnacionalidad y la rápida circulación de contenidos. Por ello, la Defensoría exige una respuesta “integral, articulada y sostenida, con participación activa de Estado y sociedad”.
Además, recuerda que el Examen Periódico Universal (EPU) 2025, del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, recomendó al país sumarse a convenios internacionales para mejorar la protección frente a la cibercriminalidad y el abuso sexual infantil. En particular, la Defensoría insta a adherirse al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, “como una medida urgente para enfrentar de manera más eficaz los delitos sexuales digitales y facilitar la cooperación internacional”.
El pronunciamiento también hace un llamado a reforzar los marcos normativos internos y la asignación de recursos con una política de “tolerancia cero” contra toda forma de violencia sexual digital. Asimismo, exhorta a padres, madres, cuidadores, educadores y medios de comunicación a asumir un “rol corresponsable” mediante acompañamiento, vigilancia informada y la creación de entornos digitales seguros.
La Defensoría del Pueblo enfatiza su repudio enérgico a toda forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, poniendo el foco en la urgente necesidad de una acción coordinada y efectiva que proteja a los menores en el entorno digital.
