El abogado de una familia víctima de avasallamiento armado denuncia que los cabecillas fueron identificados en una casa vinculada a un candidato a senador por el MAS, sin que la Policía actúe pese a haber sido alertada.
Foto captura
El fin de semana pasado, vecinos de un barrio en Santa Cruz identificaron a presuntos cabecillas de avasallamientos armados reunidos en un inmueble que, según la denuncia, fue incautado por DIRCABI y actualmente estaría bajo la administración del dirigente intercultural Esteban Alavi, candidato a senador por el Movimiento al Socialismo (MAS).
La denuncia fue presentada por el abogado Álvaro Latorre, defensor legal de una familia que fue violentamente despojada de su propiedad en la zona de Santa Rita. Según su testimonio, la Policía fue alertada sobre la presencia de los sindicados, pero no se presentó para realizar ninguna aprehensión. “La ubicación era clara, había evidencia fotográfica, incluso vehículos con placa verde fueron fotografiados. Y sin embargo, no hubo acción alguna”, sostuvo.
De acuerdo con Latorre, el inmueble donde tuvo lugar la reunión habría sido incautado por el Estado a través de DIRCABI (Dirección de Bienes Incautados) y luego entregado al ahora candidato oficialista. Las imágenes proporcionadas por los vecinos mostrarían no solo a los presuntos implicados, sino también vehículos con placas oficiales, lo que sugiere posibles vínculos institucionales que deben ser investigados.
Una constante de impunidad
Los avasallamientos de tierras en el departamento de Santa Cruz han sido denunciados de manera reiterada en los últimos años. Sin embargo, la respuesta estatal ha sido errática, tardía o simplemente inexistente.
La denuncia actual agrava esa percepción. No solo se advierte una inacción policial deliberada, sino también un posible uso político de bienes incautados, y una preocupante cercanía entre actores políticos y quienes ejecutan estos despojos armados.
¿Cuál es el rol de Dircabi en esto?
El hecho de que el inmueble en cuestión haya sido incautado por DIRCABI y posteriormente asignado a una figura política activa del MAS levanta interrogantes sobre la transparencia y legalidad en la administración de bienes incautados. ¿Con qué criterio se entrega una casa a un dirigente político? ¿Se hizo seguimiento sobre su uso? ¿Se supervisa el destino de los bienes incautados o están a merced de intereses partidarios?
Estas preguntas deben ser respondidas, especialmente ante una ciudadanía que ha visto cómo la figura del avasallamiento se ha convertido no solo en una amenaza territorial, sino en un mecanismo de intimidación y despojo amparado en la pasividad estatal.
Justicia ausente
“La Policía sabía dónde estaban. No hicieron nada. Así como en Santa Rita, hay decenas de familias que han sido desalojadas con violencia y no tienen protección”, recalcó Latorre.
No sorprende. El MAS, de cualquier facción que sea, es el instrumento político para el abuso impune.