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El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, la ABT y el Sernap, presentó un recurso de nulidad ante el Tribunal Agroambiental con el objetivo de dejar sin efecto la Resolución SP‑TAA 001/2025‑AA, que establece medidas cautelares protegiendo al jaguar y prohíbe quemas en su hábitat natural.
Críticas de la diputada María René Álvarez
La diputada por Creemos, María René Álvarez, quien impulsó la acción de protección contra la caza ilegal en febrero, denunció en EL DEBER Radio que estas tres instituciones “han unido fuerzas para anular estas medidas”. Añadió que detrás de este recurso hay “motivación política” y un interés en “entregar nuevamente tierras a cambio de votos”, vinculando la medida con la campaña electoral oficialista.
En su carta pública, la diputada indicó que la derogación del decreto Supremo 5390, que autoriza el cambio de uso de suelos y la adecuada ocupación de tierras fiscales, representa “un grave riesgo sobre nuestras reservas forestales”.
Contexto del fallo y sus implicaciones
En abril pasado, el Tribunal Agroambiental dictó una sentencia histórica que ordenaba la pausa ecológica nacional de quemas, prohibiendo permisos de chaqueo emitidos por la ABT hasta nueva orden; además de impulsar medidas de protección para defensores ambientales y recalificar al jaguar como especie en peligro, para fortalecer su conservación.
Ese fallo contó con 12 disposiciones, incluyendo control fronterizo para combatir el tráfico de fauna —como colmillos de jaguar— y medidas específicas para proteger a los guardaparques en su labor.
Activistas señalan que Bolivia es uno de los países con mayor cacería ilegal: al menos 61 jaguares abatidos anualmente, según CITES, y se estima que unos $50 000 se pagaban por un ejemplar en mercados ilícitos.
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Preocupación de la sociedad civil
La plataforma Ríos de Pie alertó sobre la regresión ambiental y una clara violación al artículo 33 de la Constitución, advirtiendo que, de prosperar el recurso, se abriría paso a “actividades extractivas, incendios y la destrucción de ecosistemas vitales como la Amazonía, el Pantanal y el Ñembi Guasu”.
Álvarez remarcó en su carta urgencia a organizaciones, activistas, autoridades indígenas, comunidad académica y ciudadanía para “mantenerse en estado de alerta y movilizados en defensa de esta causa”, subrayando que “el jaguar no solo es una especie, sino un símbolo del respeto al derecho ambiental en Bolivia”.
¿Qué sigue?
El Tribunal Agroambiental deberá decidir sobre el recurso de nulidad. Si avanza, anularía el fallo que impone la pausa ecológica, amenazas al tráfico y medidas de protección, retrocediendo en una garantía ambiental histórica.
Organizaciones como Ríos de Pie y la diputada Álvarez exigen al tribunal mantenerse firme ante presiones políticas y respetar el principio de no regresión.
