
En los últimos diez años, Bolivia ha experimentado una alarmante disminución en el número de organizaciones no gubernamentales (ONG) activas. Según el “Informe sobre Libertades e Institucionalidad en Bolivia 2024” del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, el país pasó de contar con 1.980 ONG nacionales en 2015 a apenas 206 en 2025, lo que representa una reducción del 89,6%.
El informe, basado en datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, también señala una caída significativa en el número de ONG internacionales registradas: de 185 en 2015 a 44 en 2025, es decir, una disminución del 76,2%.
Esta contracción se atribuye a un entorno cada vez más restrictivo para el ejercicio de la libre asociación y la labor independiente de las organizaciones civiles. Entre los factores identificados se encuentran trabas burocráticas, vigilancia estatal, estigmatización pública y uso discrecional de recursos públicos. El informe denuncia que algunas organizaciones críticas al Gobierno enfrentan dificultades arbitrarias para obtener o renovar su personería jurídica.
Una consulta realizada por UNITAS en 2024 a entidades de la sociedad civil revela que un 32% de los participantes considera que el contexto actual es “extremadamente restrictivo” para el funcionamiento de las ONG, especialmente por las barreras en los procesos legales y administrativos.
Ante este panorama, UNITAS insta al Estado boliviano a garantizar el respeto pleno a la libertad de asociación, asegurar la independencia de las organizaciones sociales, simplificar los trámites de registro y evitar cualquier forma de injerencia o represalia contra actores de la sociedad civil.
La drástica reducción de las ONG en Bolivia no solo limita la diversidad de voces en la esfera pública, sino que también debilita la capacidad de respuesta a las necesidades sociales, especialmente en áreas donde el Estado no alcanza. La situación plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos en el país.