Hace más de dos semanas, el Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca, entregó cuatro cartas. Iban dirigidas al Ministro de Medio Ambiente, la Secretaría de Medioambiente de la Gobernación de Santa Cruz, el Alcalde de Roboré y el Concejo Municipal de Roboré, junto a ellas, adjuntaron la investigación que realizaron sobre los desmontes autorizados por la ABT y sus graves impactos ambientales en la región Ninguna obtuvo respuesta. Ninguna autoridad contestó. Ningún compromiso fue asumido. Y mientras tanto, la devastación avanza.
La investigación presentada por el Movimiento dejó al descubierto una estructura de permisividad y complicidad que ha facilitado, durante años, el avance de la destrucción de uno de los ecosistemas más biodiversos del país. Según la investigación presentada, entre 2015 y 2022 la ABT otorgó permisos de desmonte que afectaron más de 36 mil hectáreas, de las cuales más de la mitad se encuentran en la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Tucabaca, un área crítica para la biodiversidad y la regulación hídrica. El informe estima que los desmontes ya autorizados implican la tala de más de 10 millones de árboles, la pérdida de 210 millones de litros de agua al año y la disminución en la capacidad de capturar más de 260 mil toneladas de CO₂ anualmente. Menos árboles significan menos infiltración de agua, más sequías, mayor riesgo de incendios forestales.
Respaldados por estos datos solicitaron acciones urgentes: paralización de desmontes, el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y una revisión profunda de la Ley 741 y los PDM20. Pero el silencio fue la respuesta que obtuvieron, las instituciones optaron (una vez más) por mirar hacia otro lado.
Cada día que pasa sin respuesta oficial es un día más de avance de los desmontes. Cada ausencia de compromiso es una renuncia al deber de proteger.
La pregunta no es solo por qué no contestaron las cartas. La pregunta es: ¿Cuánto tiempo nos queda antes de que la destrucción sea irreversible?
