En los últimos siete años, Roboré ha sido testigo de una pérdida devastadora de su cubierta forestal. Diez millones de árboles han sido talados, según un informe del Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca. Este fenómeno es el resultado de un sistema que, lejos de proteger los bosques, facilita su destrucción mediante autorizaciones de desmonte emitidas sin la rigurosidad técnica y ambiental necesaria.
Según la investigación, un total de 36,045.53 hectáreas fueron deforestadas con permisos otorgados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Lo preocupante es que el 55.22% de estos desmontes se realizaron dentro de la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Tucabaca, un área clave para la biodiversidad y la regulación hídrica. La expansión de la frontera agropecuaria, principalmente impulsada por intereses privados y comunidades interculturales, ha convertido a Roboré en un epicentro de la deforestación en Bolivia, con un impacto ambiental incalculable.
A pesar de la existencia del Plan de Uso del Suelo (PLUS), que establece regulaciones específicas para la explotación de tierras en zonas de uso forestal y ganadero, la realidad demuestra que estas normativas han sido ignoradas. En la zona del río Tucabaca, por ejemplo, se han identificado desmontes destinados a monocultivos de sorgo y soya, actividades prohibidas en dicha categoría de uso de suelo. Esto no solo atenta contra la estabilidad ecológica del área, sino que también reduce la capacidad de infiltración del agua, agravando los riesgos de sequías e incendios forestales.
Más alarmante aún es la tendencia a legalizar desmontes ilegales. La investigación ha revelado que la ABT ha otorgado autorizaciones sobre terrenos que ya habían sido deforestados antes de la emisión de permisos, lo que en la práctica equivale a blanquear la ilegalidad. Este patrón de permisividad debilita cualquier intento de control ambiental y fomenta la impunidad.
El impacto de esta deforestación masiva no se limita a la pérdida de árboles. Se estima que, con la tala de estos 10 millones de árboles, se han dejado de capturar aproximadamente 262,803 toneladas de CO2 al año. La biodiversidad, por su parte, se encuentra en peligro ya que cada hectárea deforestada afecta a cientos de especies, muchas de ellas en riesgo de extinción.
Es urgente un replanteamiento de las políticas de conservación en Bolivia. La ABT debe reforzar los mecanismos de fiscalización y transparencia en la emisión de permisos, asegurando que el uso de suelo respete criterios ambientales y científicos. Se necesita, además, una política de reforestación seria, que permita mitigar el daño ya causado y garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.
Si no se toman medidas inmediatas, el caso de Roboré será solo el anticipo de un colapso ecológico mayor. ¿Estamos dispuestos a permitir que los bosques sigan cayendo ante el avance descontrolado de la deforestación, o exigiremos responsabilidad a quienes tienen en sus manos el futuro ambiental del país?
