La reciente presentación de un documental por parte del Gobierno boliviano, titulada ¿QUÉ PASÓ EL 26J EN BOLIVIA?, aborda los acontecimientos del 26 de junio de 2024, cuando un grupo de militares ingresó a la Plaza Murillo bajo las ordenes del entonces Comandante en jefe Del Ejército De Bolivia, General Juan José Zúñiga, en este documental se acusa directamente a militares y civiles de haber participado o conspirado para realizar un golpe de estado. Unas horas después de haber sido presentado el documental se dio la aprehensión del abogado Jorge Valda, reconocido por ser abogado defensor de muchos presos y perseguidos políticos, e identificado en el documental, por haber dado una entrevista a un medio de comunicación días previos al 26 de junio.Su esposa ha denunciado que fue “secuestrado”, en una operación sin orden judicial clara, lo que ha sido replicado por figuras como el analista Paul Coca, quien advierte: «vienen por nosotros».
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que Valda es investigado por al menos tres delitos: alzamiento armado, terrorismo y atentado de magnicidio contra el presidente Luis Arce. Sin embargo, no ha presentado evidencia concreta que sustente tales cargos, la detención de Valda ha sido catalogada como el inicio de una «cacería de contestatarios», la agrupación Sol.Bo ha denunciado el avance de una persecución política sistemática, advirtiendo un «riesgo para la democracia», el economista Gonzalo Chávez y el analista Jaime Dunn han calificado la vinculación como «infundada» e «inaceptable». La narrativa de la «conspiración» parece construirse más desde la intención de acallar voces críticas que desde la verdad judicial.
En este contexto, cabe preguntarse si Bolivia no está transitando peligrosamente hacia la judicialización de la opinión ya que actores políticos, analistas, y ciudadanos con visibilidad mediática han sido señalados públicamente sin el debido proceso. Atribuir delitos graves sin pruebas contundentes, con base en discursos o vinculaciones vagas, pone en riesgo la libertad de expresión y el debido proceso. El derecho penal no puede convertirse en un instrumento para silenciar a quienes piensan distinto.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los Estados deben abstenerse de usar el poder punitivo como mecanismo de intimidación. La pregunta que hoy debe interpelar a la sociedad boliviana es si está dispuesta a normalizar que opinar, analizar o investigar sea suficiente para perder la libertad. Porque si el pensamiento se vuelve una amenaza, lo que está en juego no es la libertad de una persona, sino el futuro de la democracia.
