
Los hechos de violencia en los cuarteles de Bolivia persisten. En los últimos días, se dio a conocer que ocho soldados fueron víctimas de vejaciones y torturas en el Regimiento Militar de Infantería 29 “Cap. Lino Echeverría” en Casarabe, comunidad de Trinidad, Beni. El denunciado es un instructor, un sargento segundo de 28 años, identificado como Cristian F.P.Q.
La denuncia presentada por los padres de los afectados es desgarradora, ya que describe casos de violencia tanto psicológica como física, incluyendo golpes con palos y cables, así como el sometimiento de los soldados a un pozo.
Según el fiscal de materia, Yery Yelsin Mamani, los hechos ocurrieron el 4 de febrero de este año, y la denuncia formal contra el instructor fue presentada el 18 de febrero. De acuerdo con la denuncia, el sargento pidió a un soldado un palo de tacuara, con el que golpeó a las víctimas, obligándolas a desnudarse. Posteriormente, utilizó un cable para continuar con los maltratos. Después, los soldados fueron ingresados a un pozo, del que algunos lograron escapar, mientras el sargento ordenaba buscar a quienes se habían escondido en el monte. Algunos de los soldados regresaron a recoger sus pertenencias y huyeron hacia sus hogares. Una madre relató que su hijo llegó a casa a las 12:30 de la noche, visiblemente trastornado por la violencia a la que había sido sometida, y no pudo dormir debido al trauma emocional que le provocó lo ocurrido.
Ante esta situación, el fiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, informó que el militar fue aprehendido y está siendo investigado por los delitos de vejaciones, torturas, lesiones graves y leves, y coacción. Ayer se llevó a cabo su audiencia de medidas cautelares, en la que se dictó su detención preventiva en el penal de Mocoví por 90 días. Sin embargo, el Ministerio Público apeló esta decisión, considerando que la medida debería ser por un período más largo, acorde con los elementos presentados.
La Delegación Defensorial de Beni, al conocer el hecho violento, se trasladó al cuartel y emprendió gestiones ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para recabar información relacionada con el caso. De los ocho soldados agredidos, cinco fueron evaluados por el médico forense; uno no dio su consentimiento para la valoración y los otros dos serían menores de edad, quienes aún no han sido valorados por un médico forense. En este sentido, la Defensoría del Pueblo está realizando las gestiones necesarias para la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA).
La Defensoría del Pueblo insta al Estado a redoblar esfuerzos, a través de las instancias competentes, para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, garantizando la protección de las víctimas y el cumplimiento del principio de no repetición. Además, exige que se sancione a los responsables de estas prácticas dañinas y contrarias a la dignidad de los soldados bajo su custodia.
Según expertos en seguridad, detrás de casos como este existe un clima de violencia estructural en las Fuerzas Armadas, institución encargada de administrar y ejecutar el servicio militar y premilitar en Bolivia. La mayoría de los casos de violencia hacia los soldados permanecen ocultos, ya que suelen ser amedrentados y “normalizan” estas situaciones como parte de su formación. Incluso existen informes de soldados fallecidos. Entre 2011 y 2023, un total de 62 conscriptos perdieron la vida durante el servicio militar en circunstancias aparentemente abusivas o violentas, según una investigación documental realizada por OPINIÓN, titulada “Cuarteles de la muerte: El lado oscuro del servicio militar en Bolivia”, publicada el 18 de julio de 2024. La falta de datos judiciales impidió esclarecer las causas de todas estas muertes y a los responsables.
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