El conflicto en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, no es solo una disputa ambiental. Se trata de una vulneración sistemática de los derechos humanos, donde el Estado boliviano ha ignorado sus compromisos internacionales y ha manipulado la consulta previa para justificar actividades extractivas. Bajo los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la consulta previa debe ser libre, informada y realizada de buena fe. Sin embargo, en Tariquía se han documentado irregularidades que demuestran que esta obligación fue reducida a una mera formalidad burocrática.
El 14 de octubre del año pasado, comunarios denunciaron ante la prensa que la consulta previa realizada por YPFB no cumplió con los estándares internacionales. Según los testimonios recogidos por la Agencia de Noticias Fides, las comunidades no recibieron información completa sobre el impacto ambiental de los proyectos petroleros y denunciaron presiones y sobornos para obtener firmas de consentimiento. Esta denuncia se reforzó el 16 de enero de este año, cuando el medio escrito El País, informó que en el proceso de consulta se ofrecieron incentivos económicos a comunarios para que aprobaran la explotación de hidrocarburos en la reserva.
Además, la respuesta estatal frente a la resistencia de las comunidades ha sido represiva. En lugar de garantizar el derecho de los defensores ambientales a la protesta, el gobierno ha optado por la criminalización y la intimidación.
Más allá del aspecto legal, el impacto ambiental de la explotación petrolera en Tariquía es alarmante. Según informes ambientales, la actividad hidrocarburífera en la reserva afectará la biodiversidad de la zona, con daños irreversibles en los ecosistemas y recursos hídricos. La falta de transparencia y la minimización de estos riesgos en la consulta previa refuerzan la idea de que el proyecto avanza sin importar sus consecuencias.
En los próximos días los comunarios serán recibidos en audiencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta audiencia representa una oportunidad clave para visibilizar la problemática a nivel internacional y presionar al gobierno boliviano a cumplir con sus obligaciones.
Bolivia debe decidir si quiere seguir el camino del extractivismo a costa de sus comunidades y su biodiversidad, o si realmente respetará los derechos humanos y los tratados internacionales que ha firmado. La consulta previa no es un trámite administrativo ni una formalidad para legitimar proyectos extractivos. Es un derecho consagrado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado. Mientras el gobierno lo siga ignorando, Tariquía seguirá siendo un símbolo de resistencia.
