Organizaciones civiles denuncian inacción estatal ante la pérdida acelerada de bosques en el Valle de Tucavaca
El municipio chiquitano de Roboré enfrenta una crisis ambiental alarmante. Entre 2022 y 2024, se deforestaron más de 21 mil hectáreas en la zona del Valle de Tucavaca, gran parte de ellas con autorización en áreas de uso forestal. Así lo denunció el Movimiento en Defensa del Valle de Tucavaca en una reciente entrevista difundida por Radio Marítima 100.9.
Eder Santibáñez, excoordinador del movimiento, detalló que la deforestación no solo avanza sin control, sino que cuenta con el aval de instancias estatales como la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), que otorga permisos utilizando mecanismos legales como la microcaracterización y los Planes de Manejo (PDM), incluso en zonas que deberían destinarse exclusivamente al aprovechamiento forestal.
“Estamos hablando de un ecosistema estratégico que conecta la Amazonía con el Chaco, con el río Tucavaca como columna vertebral. El plan de uso de suelos es claro: esas tierras no están destinadas para la agroindustria. Aun así, las desmontan”, lamentó Santibáñez.
Según los datos obtenidos por el movimiento, el 65% de las autorizaciones de desmonte en Roboré corresponde a propiedades privadas, el 31% a comunidades campesinas y apenas un 3% a pueblos indígenas originarios. “Es evidente que los intereses económicos y políticos están desplazando a quienes históricamente han cuidado el bosque”, advirtió.
La expansión de comunidades menonitas, los monocultivos y el tráfico de tierras están desertificando suelos que, en pocos años, se tornan improductivos. “Los primeros años sacan rendimiento, luego abandonan la tierra y buscan nuevas zonas para explotar. Es un ciclo de destrucción”, explicó.
Pese a los múltiples informes y cartas enviadas por el movimiento a la Gobernación de Santa Cruz y al Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, las respuestas han sido evasivas. La Secretaría de Desarrollo Sostenible del departamento argumentó que las zonas afectadas no se encuentran dentro de áreas protegidas de su competencia, deslindando responsabilidad.
“El municipio tampoco ha respondido. Les entregamos un informe detallado, hicimos presentaciones técnicas ante el alcalde y el concejo municipal, pero no han tomado ninguna acción”, denunció Santibáñez. “Estos desmontes ocurrieron bajo su gestión; pasarán a la historia como las autoridades que permitieron la pérdida de más bosque”.
El impacto ambiental ya se hace sentir. En Roboré y otros municipios de la Chiquitanía la crisis hídrica se agudiza. Pozos secos, escasez de agua y focos de calor son síntomas de un ecosistema bajo presión. “No se trata de estar contra la producción, sino de respetar el uso adecuado del suelo. El plan de uso está basado en estudios científicos que garantizan productividad con sostenibilidad”, remarcó.
El movimiento ha recurrido a instancias como la Defensoría del Pueblo, pero advierte que, si no hay una ciudadanía activa, informada y organizada, la deforestación continuará. “Tenemos buenas leyes, pero no se cumplen. Bolivia no necesita más normativas, sino voluntad política y control ciudadano”, concluyó.
