Caciques y pobladores de diferentes comunidades llegaron hasta una zona denominada El Gomal, donde se advirtió la apertura de una brecha de 5 kilómetros, según el reporte.
Esta es la brecha que abrieron los presuntos avasalladores, foto tomada el 11 de julio
Un nuevo avasallamiento fue reportado en la zona de El Gomal, en el Bajo Paraguá, Santa Cruz, donde caciques y comunarios de cuatro comunidades denunciaron la apertura de una brecha de cinco kilómetros por parte de grupos irregulares presuntamente vinculados a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), según reportó la diputada María René Álvarez (Creemos).
La parlamentaria señaló que se presentaron notas formales ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Fiscalía de San Ignacio de Velasco, exigiendo acciones inmediatas a esta situación, que no es la primera de estas características.
Álvarez informó que representantes de las comunidades Campamento Dos, Unión, Colorado y Candelaria llegaron hasta el lugar para verificar la denuncia, encontrando restos de basura, plásticos, latas de cerveza y otros indicios del ingreso no autorizado. “Los avasalladores huyeron al ver la llegada de los comunarios chiquitanos”, indicó.
Según el reporte, las comunidades afectadas decidieron bloquear el ingreso a la zona y colocar un cartel que dice “prohibido el paso”, resaltando que viven de la economía agrícola familiar, sin dañar la tierra y el bosque chiquitano, por lo que tienen el amparo de la ley.
La nota enviada a la Fiscalía solicita identificar y procesar a los responsables del intento de asentamiento en una zona protegida por pueblos indígenas de tierras bajas y la legisladora advirtió que el ingreso coincide con el inicio de las quemas, pese a la pausa ecológica vigente dictada por el Tribunal Agroambiental.
En paralelo, el pedido al INRA exige activar los mecanismos de control previstos por la Ley 477 contra el avasallamiento y solicitar el desalojo ante el Tribunal Agroambiental, de acuerdo con la explicación de la parlamentaria.
Los antecedentes reflejan que en la Asamblea de la Ignacianidad, celebrada octubre de 2024, sectores de San Ignacio de Velasco se declararon en movilización permanente y emitieron un voto resolutivo exigiendo el desalojo total del Bajo Paraguá.
