El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) dejó ver un mapa en el que se evidencia la intensión de eliminar la zona de protección y conservación del Área de Conservación e Importancia Ecológica de la Nación Guaraní Ñembi Guasu, situada en el territorio del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (Gaioc) Charagua Iyambae, en Santa Cruz.
Durante una audiencia de fundamentación del recurso de casación cursante en la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental de Bolivia, el pasado 24 de junio, representantes del INRA afirmaron que “un gobierno indígena no puede delimitar o crear áreas protegidas”, pese a que el territorio en reserva está reconocido dentro del Sistema Nacional de áreas protegidas del Estado.
El INRA, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), así como comunidades campesinas interculturales exigen levantar la Pausa Ecológica que fue establecida en la Sentencia Agroambiental 01/2025 por el Juzgado Agroambiental de Camiri, en enero de este año. Dicha sentencia establece que se mantiene la Pausa Ecológica basada en el principio precautorio y deja en suspenso las quemas controladas o chaqueos, desmontes, nuevos asentamientos, así como actividades que vayan en contra de los procesos de regeneración natural dentro de Ñembi Guasu.
Del mismo modo, reconoce al Ñembi Guasu como sujeto de derecho de protección, así como a los grupos de ayoreos en aislamiento voluntario que se encuentran dentro del área protegida y que transitan en la zona. También reconoce o valora la competencia de los gobiernos autónomos indígenas para decidir sobre sus territorios.
En una nota de prensa, la Organización de Apoyo Legal y Social (ORE) dio a conocer que durante la audiencia, el Gaioc Charagua Iyambae estuvo representado por Delcy Medina, coordinadora del Tëtarembiokuai Reta Imborika (TRI), junto a representantes de la asamblea, autoridades orgánicas y las capitanías, acompañados de su equipo legal. En la sesión se expusieron los fundamentos y aclararon cada uno de los puntos que sustentan las determinaciones y medidas de protección de Ñembi Guasu, en base a lo establecido en la Constitución Política del Estado, que reconoce y garantiza el ejercicio de derechos y competencias de los gobiernos indígenas autónomos, como también la normativa internacional relevante, en particular, el Acuerdo de Escazú, el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas de los Pueblos Indígenas, entre otros.
Estas medidas de protección responden a las amenazas que enfrenta Ñembi Guasu, un área protegida que sufrió incendios de sexta generación, catalogados así por su alto grado de severidad, en los años 2019 y 2020. Se estima que la afectación alcanzó unas 600 mil hectáreas. Además registra deforestación para ganadería y agricultura, lo cual pone en riesgo el territorio ancestral guaraní.
Por ello, el Gobierno de esa nación ha solicitado que se revoquen las resoluciones de asentamientos, permisos de quema y desmonte. De esa manera, se busca conservar y permitir que el bosque de Ñembi Guasu, compuesto por Abayoy y Bosque Chiquitano, pueda recuperarse y cumplir su vital rol de conectividad entre Chaco y Pantanal.
Estas amenazas se suman a otra inminente, que es una carretera que atravesaría el corazón del territorio en reserva, para conectar el municipio de Roboré con Paraguay, tal como evidenció y dio a conocer La Región en 2022.
Al finalizar la audiencia, Delcy Medina, con lágrimas, afirmó que continuarán la defensa. “Estamos peleando por algo que nos pertenece y que siempre ha sido del pueblo guaraní, un pueblo con una mirada de conservación del medio ambiente. Seguiremos esta lucha hasta lograr que Ñembi Guasu se consolide”, dijo.
Para el GAOIC Charagua Iyambae, la acción interpuesta por el INRA, la ABT y terceros interesados vulnera sus derechos, no solamente al querer desconocer y quitar validez a sus estatutos, sino también al representar una amenaza a sus derechos colectivos a un medio ambiente sano y a valores culturales como el bosque y sitios sagrados.
La decisión sobre la revocación de las medidas de protección ahora se encuentra en manos de las magistradas del Tribunal Agroambiental, quienes evaluarán la documentación provista por las partes y dictarán si esta medida de protección, solicitada desde 2021 por el Gaioc Charagua Iyambae, sigue vigente o si dejarán sin protección a este ancestral territorio.
