La crisis en la justicia boliviana ha sido una constante en el debate público, pero pocas personalidades la han denunciado con tanta claridad como lo ha hecho el Dr. José Antonio Rivera, abogado constitucionalista y presidente de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia. En recientes entrevistas, ha expuesto con detalles alarmantes el funcionamiento de redes de corrupción judicial que han socavado los principios básicos del Estado de derecho en Bolivia.
Uno de los principales problemas radica en la manipulación de la competencia territorial para la resolución de amparos y acciones judiciales, buscando burlar la correcta aplicación de la justicia. La ley es clara: un proceso debe ser tramitado en la jurisdicción donde ocurrieron los hechos o donde la víctima tiene su domicilio. Sin embargo, según el Dr. Rivera, abogados y jueces coludidos trasladan arbitrariamente casos a otras jurisdicciones donde tienen influencias, alterando el debido proceso y beneficiando a ciertos litigantes.
Este es el caso particularmente llamativo, de los tribunales de Trinidad. La reiterada presentación de amparos constitucionales en esa ciudad, sin justificación legal, ha levantado sospechas sobre una conexión entre jueces, magistrados y abogados que operan como una red de manipulación judicial. Hay información de casos resueltos en Trinidad en los que sentencias condenatorias firmes han sido anuladas mediante maniobras irregulares, con cambios de domicilio ficticios y fallos que contradicen la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional.
Más allá de la ilegitimidad de estas prácticas, el impacto en la sociedad boliviana es devastador. La corrupción en la justicia no solo debilita la confianza en el sistema, sino que también genera inseguridad jurídica, un factor clave en la falta de inversión y desarrollo económico. Si la ciudadanía percibe que la justicia es una mercancía sujeta a influencias políticas o sobornos, el deterioro del Estado de derecho es inevitable.
La denuncia del Dr. Rivera no es solo un acto de valentía, sino también un llamado urgente a la acción. El Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional deben investigar con seriedad estas irregularidades y tomar medidas efectivas para frenar la impunidad. La sociedad civil también juega un papel clave: denunciar estos casos y exigir transparencia es una obligación ciudadana en la lucha por una justicia independiente.
La pregunta es ¿hasta cuándo la sociedad boliviana tolerará una justicia manipulada? La historia ha demostrado que el silencio solo perpetúa los abusos. Es momento de exigir cambios estructurales y sanciones ejemplares para quienes han convertido la justicia en un mercado de influencias. ¿Responderán las instituciones a este clamor o seguirá prevaleciendo la impunidad?
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