El abogado Jorge Valda fue detenido en Santa Cruz y trasladado rápidamente a La Paz tras ser acusado de tener vínculos con la supuesta toma militar ocurrida el pasado 26 de junio. Su detención ha generado una ola de cuestionamientos por parte de familiares, organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la oposición.
La esposa de Valda denunció públicamente que la forma en que fue detenido su esposo fue irregular, calificándola incluso de «secuestro». Además, exigió garantías inmediatas para su traslado y denunció una aparente violación del debido proceso, afirmando que no se respetaron sus derechos constitucionales.
Diversos observadores y especialistas en materia judicial han advertido sobre el peligro de que estas acciones respondan a intereses políticos y no jurídicos, en un contexto nacional en el que se han incrementado las denuncias por persecución política mediante la judicialización de casos.
La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han señalado reiteradamente que el sistema judicial boliviano está siendo utilizado para acallar voces críticas, lo que pone en duda la imparcialidad y la independencia de las instituciones estatales.
