La Fundación Construir, a través de su Informe sobre el Estado de Situación de la Justicia en Bolivia 2024, reveló un panorama crítico respecto al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El Capítulo I del documento, titulado “Seguimiento a los compromisos sobre Derechos Humanos”, expone que el Estado boliviano mantiene una brecha estructural entre las obligaciones jurídicas asumidas ante instancias internacionales y las respuestas institucionales concretas, evidenciando un patrón de incumplimiento sostenido.
El estudio, que analiza el avance en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), muestra que Bolivia solo ha cumplido íntegramente con dos de las nueve sentencias emitidas por la Corte hasta 2024. Los casos Pacheco Tineo y Andrade Salmón son las únicas excepciones en una lista donde predomina la falta de implementación de garantías de no repetición.
Entre las siete sentencias pendientes, destacan casos emblemáticos vinculados a violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura (1964-1982), como Trujillo Oroza, Ticona Estrada, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña y Flores Bedregal. En todos ellos, persisten deudas históricas: no se han localizado los restos de las víctimas, no se han levantado los obstáculos al acceso a información militar, y no se han desarrollado los programas de formación judicial y fiscal exigidos por la Corte IDH.
El informe enfatiza que incluso en casos más recientes, ocurridos en democracia, el Estado repite los mismos patrones de
incumplimiento. En el caso I.V. vs. Bolivia (2016), la Corte ordenó programas de educación médica sobre consentimiento informado y violencia de género, que aún no han sido aplicados. De igual forma, en el caso Brisa De Angulo Losada (2022), pese a haberse realizado actos de disculpa pública, las reformas legales y capacitaciones ordenadas siguen sin concretarse.
Respecto al caso Valencia Campos y otros (2022), relacionado con tortura y violencia sexual, la Fundación Construir advierte que no existe información pública sobre los avances en la creación de mecanismos de reapertura judicial, una medida clave para garantizar justicia en casos donde operó la prescripción.
“El incumplimiento no solo es jurídico, sino moral: el Estado no ha garantizado la no repetición de los abusos cometidos”, señala el informe.
El documento también revisa el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI-Bolivia, que surgieron tras los hechos de violencia de 2019. En materia de reparación, la Fundación Construir alerta que el proyecto de ley para la Reparación Integral a Víctimas avanza lentamente en la Asamblea Legislativa, y que la política aprobada por resolución ministerial carece de fuerza vinculante para otros ministerios. Además, las víctimas de otras regiones fuera de Senkata, Sacaba y Huayllani siguen excluidas del proceso.
Si bien se registraron avances simbólicos —como la declaración de noviembre como el “Mes de la Memoria, Verdad y Justicia” mediante el Decreto Supremo 5255—, estos gestos han sido calificados por la sociedad civil como insuficientes y selectivos.
“La reparación no puede limitarse a actos conmemorativos, sino que debe traducirse en justicia material y medidas de no repetición”, apunta la organización.
En el ámbito de la investigación judicial, la situación es aún más preocupante. El Ministerio Público no ha reportado avances significativos en las recomendaciones del GIEI, particularmente en la conformación de equipos especializados, la investigación de violencia sexual y la colaboración interinstitucional con las Fuerzas Armadas. La única recomendación cumplida plenamente hasta 2024 es la derogación del Decreto Presidencial 4461, que garantizó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Las conclusiones del informe son contundentes: el balance general muestra un cumplimiento “insuficiente y fragmentado” de las obligaciones internacionales. La impunidad persiste, la institucionalidad judicial sigue debilitada, y la voluntad política para implementar reformas de fondo continúa ausente.
La Fundación Construir recomienda crear un mecanismo interinstitucional —con participación de víctimas y sociedad civil— que supervise el cumplimiento de las sentencias internacionales, abrir los archivos policiales y militares vinculados a graves violaciones de derechos humanos y establecer un sistema público de rendición de cuentas sobre el avance en materia de derechos humanos.
Solo así, advierte, Bolivia podrá pasar del discurso a la acción en su compromiso con la justicia y la memoria histórica.
