En 2025, Bolivia alcanzó un puntaje de 50 puntos en la evaluación de libertades cívicas elaborada por Civicus Monitor, ubicándose otra vez en la categoría de «restringido», una clasificación que comparte con varios países de la región como Brasil, Ecuador y Colombia. Aunque no figura entre los casos más críticos del continente -como Cuba, que permanece en nivel “cerrado”- el puntaje confirma que el espacio para ejercer derechos como protestar, organizarse o expresarse libremente en Bolivia sigue siendo limitado.
El informe global «Poder ciudadano bajo ataque 2025» muestra que el panorama no es alentador: el 73% de la población mundial vive hoy en países con derechos cívicos restringidos, y el número de Estados que descienden hacia categorías más autoritarias continúa en aumento. En las Américas, retrocesos notorios se observan en Argentina, El Salvador y Estados Unidos. En ese contexto, el puntaje boliviano refleja un país que oscila entre permitir la movilización social y ejercer control policial o político sobre ella.
Los hechos ocurridos en mayo de este año en La Paz, cuando cientos de personas protestaron durante cuatro días tras la inhabilitación de Evo Morales como candidato, ilustran esas tensiones. La Policía bloqueó el acceso al Tribunal Supremo Electoral (TSE), dispersó a los manifestantes y detuvo a más de una veintena de personas. CIVICUS identificó estas detenciones como parte de un patrón habitual en países clasificados como “restringidos”, donde las protestas no están prohibidas, pero suelen ser enfrentadas con operativos policiales, limitaciones al tránsito y judicialización.
«En La Paz (Bolivia), las protestas se prolongaron durante cuatro días en mayo de 2025, después de que las autoridades electorales impidieran al expresidente Evo Morales inscribirse como candidato para las elecciones generales de ese año. La Policía impidió que las personas manifestantes llegaran hasta el Tribunal Supremo Electoral, lo que desencadenó enfrentamientos violentos que se saldaron con una veintena de detenciones y varias personas heridas», señala el informe.
El informe también advierte que la detención de manifestantes y periodistas es una de las tácticas más comunes en los países donde el espacio cívico se deteriora. Más de 82 naciones registran arrestos de personas que protestan, otras 73 reportan detenciones de reporteros durante coberturas, especialmente en conflictos sociales; y otras 71 de personas defensoras de derechos humanos.
En Bolivia, aunque las cifras no alcanzan los niveles observados en países más represivos, organizaciones de prensa han reportado agresiones e intimidaciones en coberturas sensibles, desde protestas políticas hasta conflictos mineros o ambientales.
«La vulnerabilidad de los profesionales del periodismo se acentuó particularmente durante las elecciones. En Bolivia, al menos una veintena de periodistas fueron agredidos o acosados por atacantes no identificados durante las elecciones generales de agosto de 2025, y al menos uno de ellos fue seguido e interrogado por la Policía mientras informaba sobre el proceso electoral», añade el texto.
Puntos relevantes del informe:
- En la actualidad, 83 países y territorios niegan habitualmente las libertades a su población, frente a los 67 registrados en 2020.
- El porcentaje de personas que viven en países con espacios cívicos clasificados como “abiertos” o “estrechos” ha descendido de casi el 13 % en 2020, a poco más del 7 % en la actualidad.
- Quince países descendieron en la clasificación, entre ellos Estados Unidos y Estados miembros de la Unión Europea como Francia, Alemania e Italia. Otros países que descendieron de categoría fueron Argentina, Burundi, El Salvador, Georgia, Israel, Liberia, Madagascar, Omán, Serbia, Sudán y Suiza.
- No obstante, Gabón, Mauritania y Senegal ascendieron de categoría.
- El año pasado se documentaron 3120 violaciones de las libertades cívicas en todo el mundo.
- Las detenciones son la principal táctica represiva. Se detuvo a personas manifestantes en al menos 82 países, a periodistas en 73 y a personas defensoras de los derechos humanos en 71 países.
- La libertad de expresión es el derecho que se ha vulnerado con mayor frecuencia (44,8 % de todos los incidentes), por delante de la libertad de reunión pacífica (29 %) y la libertad de asociación (26,6 %).
Otro punto preocupante es el aumento global de leyes que buscan regular o limitar el trabajo de organizaciones sociales y activistas. En distintos países se aprobaron o discutieron normativas que restringen la financiación, la actuación territorial o la capacidad de incidencia de la sociedad civil. Bolivia no aprobó nuevas leyes en este sentido durante el último año, pero el debate sobre control estatal de organizaciones no gubernamentales (ONG) y el uso político de auditorías estuvo presente de forma periódica desde 2013, lo que mantiene la preocupación latente.
El puntaje de 50 que Bolivia obtuvo en 2025 no representa una caída respecto a años anteriores, pero tampoco una recuperación: se mantiene en un nivel intermedio que refleja un equilibrio frágil. La polarización, la desconfianza en las instituciones electorales y los frecuentes conflictos entre el Estado y sectores movilizados continúan afectando la calidad del espacio democrático.
CIVICUS advierte que el deterioro de derechos rara vez ocurre de golpe. Comienza con respuestas desproporcionadas a protestas, continúa con discursos que deslegitiman a organizaciones críticas y puede avanzar hacia leyes restrictivas o detenciones sistemáticas. En un continente donde varios países han retrocedido rápidamente hacia categorías más cerradas, Bolivia enfrenta el desafío de no seguir esa tendencia.
El informe funciona como una llamada de atención: aunque el país no está entre los más represivos, se mantiene en un terreno donde cualquier crisis política puede agudizar las restricciones. En tiempos de tensión, preservar el espacio cívico no solo es una cuestión institucional, sino una garantía para que la ciudadanía pueda expresar sus demandas sin temor y sin que la democracia retroceda.
