¿Qué sucede con aquellos que arriesgan su vida para proteger la naturaleza? La destitución de guardaparques en Bolivia no es un hecho aislado, sino una estrategia sistemática para silenciar a quienes denuncian la depredación ambiental. El caso de Marcos Uzquiano -quien fue despedido tras exponer la minería ilegal en áreas protegidas y luego restituido por la justicia- es solo uno de los muchos episodios que reflejan una realidad alarmante: la destitución injustificada de los defensores ambientales, se está convirtiendo en norma en el país.
Pero el caso de Marcos no es el único. Hace unos días, el 10 de enero de 2025, en un artículo de Sumando Voces, se dio a conocer el despido de dos guardaparques de la Reserva Manuripi, ambos con más de 20 años de experiencia, un hecho más que confirma este patrón. Estos despidos no responden a criterios administrativos, sino que, según los propios guardaparques afectados, podrían ser en represalia por haber denunciado e iniciado procesos contra mineros ilegales. Estas decisiones no solo atentan contra los derechos laborales, sino que vulneran el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que Bolivia ha ratificado y que compromete al Estado a proteger a quienes defienden el medio ambiente.
En Bolivia, estos trabajadores desarrollan sus labores en condiciones de extrema precariedad, ante ausencia de un marco normativo que les garantice estabilidad laboral, los obligan a firmar contratos eventuales, sufren una permanente falta de insumos, y perciben unos salarios verdaderamente insuficientes para cubrir medianamente sus necesidades. El impacto de las sanciones y persecución que sufren, no se limita al ámbito laboral, sino que tiene consecuencias devastadoras para la biodiversidad. Sin guardaparques, las áreas protegidas quedan a merced de la minería ilegal, la deforestación y el tráfico de especies. La reducción de personal y los despidos injustificados afectan directamente la capacidad de respuesta ante incendios forestales y otras amenazas ambientales. La falta de inversión y planificación por parte del Estado agrava este dantesco escenario.
En los últimos años, el Estado ha seguido una preocupante tendencia a criminalizar la protesta y el activismo ecológico. Este modelo de persecución no solo viola derechos fundamentales, sino que también debilita la democracia y la participación ciudadana en la defensa del medio ambiente. Ante esta situación, cabe preguntarse: ¿Es posible proteger la naturaleza sin proteger a quienes la defienden? Mientras el Estado siga permitiendo la represión y el desmantelamiento del cuerpo de guardaparques, Bolivia perderá no solo a quienes dedican su vida a la conservación, sino también su biodiversidad. La solución no solo pasa por la restitución de los despedidos, sino por una reforma estructural que garantice la estabilidad, seguridad y reconocimiento de quienes están en la primera línea de defensa de los ecosistemas.
