«La privación de libertad de Luis Fernando Camacho es arbitraria». Así concluyó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas en su opinión n.º 50/2024, tras analizar los detalles de su aprehensión, detención y procesos judiciales. El pronunciamiento, basado en más de un año de seguimiento, no es una simple declaración: es una acusación frontal al Estado Plurinacional de Bolivia por vulnerar el derecho internacional en al menos cuatro categorías distintas de detención arbitraria.
El Grupo de Trabajo concluye que Camacho fue detenido sin orden legal en el momento de su captura, encapuchado, incomunicado y trasladado violentamente a La Paz. El operativo involucró a más de 40 agentes armados, vestidos de civil, y con uso de fuerza desproporcionada. La orden de aprehensión apareció con fecha retroactiva, sin motivación legal, y fue firmada mientras el gobernador estaba bajo custodia. Esto, por sí solo, ya violaría el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Pero el informe va más allá. Asegura que la detención es una respuesta directa al ejercicio de sus libertades civiles, políticas y de expresión, en particular su papel como líder opositor y gobernador electo. Señala que forma parte de un patrón de criminalización a voces críticas al Movimiento al Socialismo. Denuncia interferencias políticas en el proceso judicial, prejuzgamiento público por parte de autoridades, uso excesivo de la prisión preventiva y condiciones de reclusión inhumanas. Además, alerta que el encarcelamiento tiene un componente discriminatorio por opinión política, lo que lo ubica también en la categoría V de detención arbitraria.
El informe también revela violaciones graves y sostenidas al debido proceso: jueces que mantienen sus cámaras apagadas durante audiencias, audios inaudibles, falta de acceso adecuado a la defensa, obstrucción al tratamiento médico urgente, vigilancia ilegal dentro de su celda y presiones abiertas para forzar su destitución como gobernador. Todo esto documentado con fechas, testimonios, y referencias legales.
La respuesta del Gobierno boliviano fue rápida y predecible: descalificación. Aseguró que el informe es «político» y que Camacho enfrenta procesos por «actos violentos» vinculados al paro cívico de 2019. Sin embargo, el informe no entra en juicios sobre los hechos del 2019, sino que se concentra en la legalidad de su detención y las condiciones actuales de reclusión. En ese punto, el Estado no pudo rebatir con pruebas sólidas ni negar violaciones clave al derecho internacional.
«Luis Fernando fue secuestrado, no aprehendido», denunció su esposa, Fátima Jordán, en varias oportunidades. Su testimonio, al igual que el de su equipo legal, coincide con el de múltiples organismos internacionales que ya venían alertando sobre la falta de independencia judicial en Bolivia. En la opinión n.º 50/2024 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas recomiendan su liberación inmediata, reparaciones por daños sufridos, y una investigación a los responsables.
El representante de Human Rights Foundation (HRF) en Bolivia, Javier El-Hage, respaldó este lunes el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU sobre la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y ratificaron que tiene carácter vinculante y, por lo tanto, su liberación es de cumplimiento obligatorio por parte del Gobierno.
“Esta opinión establece de manera contundente que el Estado Plurinacional de Bolivia debe proceder a la inmediata liberación de Camacho, ya que su privación de libertad se ha catalogado como arbitraria bajo las categorías I, II, III y V”, señaló Javier El-Hage.. La pregunta que queda es si el Gobierno de Bolivia estará dispuesto a acatar sus recomendaciones o continuará erosionando su ya cuestionada legitimidad internacional.
El caso Camacho ya no es solo sobre un opositor detenido. Es el espejo de una crisis estructural: un sistema de justicia instrumentalizado, un poder Ejecutivo que se rehúsa a rendir cuentas, y una ciudadanía cada vez más expuesta a la desprotección institucional. Ignorar el informe de la ONU no solo compromete los derechos de un líder político, sino el futuro de las garantías democráticas para todos los bolivianos.
Imágenes del día de la aprehensión de Luis Fernando Camacho el 28-12-2022
