En Bolivia, enfermarse puede ser una sentencia no escrita. La reciente denuncia de escasez de insumos y fármacos en centros médicos públicos, acompañada de un incremento incontrolable de precios en el mercado privado, es sólo el último síntoma de una enfermedad crónica: el deterioro estructural del sistema de salud. Según testimonios recogidos por El Faro 24, pacientes con enfermedades graves han debido suspender tratamientos por falta de medicamentos, mientras otros deben hacer colectas para cubrir recetas que antes estaban garantizadas por el SUS. Niños con leucemia, mujeres embarazadas con complicaciones, personas con diabetes, enfermos renales o pacientes con cáncer están entre los más afectados. La vida de estos ciudadanos depende hoy de una farmacia privada o del favor de una campaña solidaria.
El problema, sin embargo, no es nuevo. Desde hace años, diferentes gremios del sector salud han advertido sobre el vaciamiento progresivo de recursos, la burocratización de la gestión hospitalaria y la politización de las compras públicas. A esto se suma una falta de transparencia que impide hacer seguimiento real a la distribución de insumos. Cada denuncia es tratada como un hecho aislado, pero cuando se conectan las piezas, el patrón es innegable.
Bolivia sigue sin tener una política de salud centrada en las personas. Los recursos están, pero su uso responde muchas veces a lógicas de poder antes que a urgencias sociales. Las compras estatales de medicamentos están plagadas de demoras, sobreprecios y denuncias de irregularidades. La gestión de hospitales está muchas veces en manos de funcionarios nombrados por afinidad política, sin formación adecuada ni conocimiento de la realidad sanitaria.
La consecuencia no es solo la escasez: es la desconfianza, el abandono, la frustración. Muchos trabajadores de salud se sienten solos, presionados y sin herramientas. Las familias de pacientes crónicos viven con miedo. Y el Estado responde con silencio o propaganda.
«A mi hijo lo tenía que dializar, pero ese día no había filtros. Me dijeron que espere o que compre. Pero el filtro costaba más de 300 bolivianos. Yo gano el mínimo, no podía comprarlo. Mi hijo murió esa semana», cuenta, entre lágrimas, Mariela, una madre entrevistada en El Alto. Su historia no está sola. Este drama no es exclusivo de Bolivia, pero en el país se agrava por la falta de una vigilancia ciudadana activa y por un sistema institucional que no rinde cuentas. La salud es un derecho, pero está siendo tratada como un privilegio. Quien tiene plata, accede. Quien no, espera, reza, o se resigna.
La escasez no es solo un fallo logístico, es una forma de violencia estructural. Cada medicina que falta es un derecho que se incumple. Cada paciente que espera es una deuda del Estado. Cada silencio oficial ante una denuncia es una forma de complicidad.
Bolivia necesita con urgencia una auditoría integral del sistema de salud, mecanismos reales de participación ciudadana y una despolitización de la gestión hospitalaria. La salud no puede seguir siendo rehén de las pugnas entre niveles del Estado ni una vitrina de logros propagandísticos. Porque no se trata de cifras, sino de vidas.
Mientras tanto, las salas de espera seguirán llenas, los estantes vacíos, y las familias angustiadas. Y el silencio institucional, ese que mata sin dejar rastro, seguirá reinando si no lo rompemos.
