Marcos Uzquiano, guardaparque y defensor ambiental con más de 20 años de actividad, ha enfrentado en carne propia las dificultades que aquejan a quienes dedican su vida a la protección de los ecosistemas en Bolivia. Su reciente destitución como jefe de protección de la reserva de la biosfera Estación Biológica del Beni, sin una justificación clara y poco después de haber denunciado la minería ilegal y la caza furtiva, puso en evidencia una realidad alarmante: la persecución y hostigamiento que padecen los defensores ambientales en el país.
La labor de los guardaparques no solo implica largas jornadas en zonas remotas, en condiciones adversas y con recursos limitados, sino también la exposición constante a riesgos personales, cuando en el desempeño de sus actividades, se encuentran con personas que están desarrollando actividades ilegales en las áreas protegidas. El testimonio de Uzquiano en Tertulia Urgente dejó en claro que esta no es una lucha individual, sino la historia de más de 300 guardaparques en Bolivia, quienes enfrentan la creciente criminalización de su labor. La falta de apoyo estatal y la burocracia en la asignación de recursos los colocan en una situación de vulnerabilidad extrema. Marcos Uzquiano relató cómo en muchas ocasiones los guardaparques deben costear de su propio bolsillo el combustible para patrullajes, reparar sus equipos ellos mismos y trabajar sin garantías laborales, ya que más del 60% de ellos tienen contratos eventuales que los dejan expuestos a represalias e incertidumbre.
Más allá de las dificultades económicas y administrativas, hay un problema de fondo: la falta de voluntad política para fortalecer la protección de las áreas naturales. La minería ilegal, el tráfico de fauna silvestre, los incendios forestales y el avasallamiento de tierras avanzan sin freno, en gran parte debido a la indiferencia o incluso la connivencia de ciertas autoridades. Uzquiano mencionó que en varias ocasiones, cuando los guardaparques reportan a infractores, aparecen políticos y sectores con intereses en la explotación de los recursos naturales, para ejercer presión para que sus denuncias no avancen. Las denuncias quedan atrapadas en una maraña burocrática y, cuando por fin se actúa, la respuesta estatal suele llegar demasiado tarde.
El caso de Uzquiano no es aislado. Otros guardaparques han sido despedidos luego de denunciar irregularidades, en un patrón de represalia que busca silenciar a quienes protegen la naturaleza. La falta de transparencia en el manejo de datos sobre incendios, avasallamientos y otras problemáticas ambientales, dificulta aún más la rendición de cuentas y la acción efectiva para prevenir la degradación de los ecosistemas. Los sistemas de monitoreo de bosques han demostrado ser ineficientes en la detección de focos de calor y en la cuantificación del daño ambiental, generando incertidumbre y minimizando la magnitud del problema.
El Acuerdo de Escazú, que establece la obligación de los Estados de garantizar un entorno seguro para los defensores ambientales, parece ser solo un papel sin aplicación real en Bolivia. La restitución de Uzquiano a su cargo, luego de que un fallo judicial determinara que su despido fue injustificado, es una victoria parcial, pero no soluciona el problema estructural. La pregunta que queda es: ¿hasta cuándo las autoridades seguirán priorizando los intereses económicos de unos pocos sobre el derecho de todos a gozar de un medio ambiente sano?
