Paola Clemencia Balanza Dávalos
Bolivia atraviesa una de sus etapas más críticas desde la recuperación del régimen constitucional; la creciente crisis económica que se refleja en lo cotidiano, como ir a un mercado y no poder comprar lo habitual, o la imposibilidad de acceder libremente a tus ahorros en el banco para realizar compras en línea o pagar tus servicios, evidencian la devaluación progresiva del poder adquisitivo y las restricciones al comercio, reflejando uno de los síntomas de un problema mucho más profundo: el deterioro acelerado del Estado de Derecho y la normalización de prácticas antidemocráticas en el ejercicio del poder.
La esperanza depositada en el denominado “Bloque de Unidad”, que en principio debía articular una respuesta contundente y representativa frente a la crisis política e institucional, se ha visto profundamente opacada, debido a que, se ha degenerado en un espacio viciado por las mismas prácticas que históricamente han vulnerado los derechos políticos de los ciudadanos, la imposición de vetos arbitrarios, la exclusión de voces disidentes y la reproducción de lógicas de poder sustentadas en el autoritarismo.
De igual forma, resulta preocupante constatar que ciertos actores políticos de “oposición”, ejerzan su influencia directa en la toma de decisiones, manejando listas negras y estructuras de control. Este fenómeno, no solo constituye una afrenta flagrante a los principios democráticos y al Estado de Derecho, sino que evidencia el grado de descomposición del accionar político.
Asimismo, resulta más que evidente que el sistema judicial en Bolivia, ha sido cooptado y utilizado como un instrumento político, especialmente visible en el proceso de inscripción de candidatos para las próximas elecciones. Esta instrumentalización no solo compromete la imparcialidad e independencia de la justicia, sino también, principios esenciales en un Estado de derecho; en lugar de actuar como un árbitro neutral que garantiza el respeto al orden constitucional y a los derechos políticos.
Es así como, el órgano judicial se convierte en un actor político más, que responde a intereses partidarios y de los que ostentan el poder. Esta práctica debilita la confianza ciudadana en las instituciones, genera un clima de incertidumbre jurídica, política, y afecta de forma directa el pluralismo democrático garantizado por la Constitución Política del Estado y por tratados internacionales suscritos por Bolivia.
Bajo este panorama sociopolítico, no puedo permanecer indiferente ante el retroceso democrático que vive Bolivia, al igual que miles de jóvenes bolivianos que culminan sus estudios con la esperanza de construir un futuro más justo y digno, constato con preocupación que el sistema actual vulnera de forma sistemática derechos fundamentales, restringe las libertades civiles y perpetúa esquemas autoritarios que atentan contra la voluntad popular, obstaculizando el ejercicio efectivo de la democracia.
La población boliviana, merece algo más que discursos vacíos y alianzas de conveniencia entre cúpulas, se requiere con urgencia la formulación de propuestas desarrolladas, viables y estructuradas, capaces de responder a los desafíos sociales, económicos e institucionales que enfrenta nuestro país.
Solo a través de un voto consciente, informado, crítico y estratégico en el próximo proceso electoral, podremos frenar la deriva autoritaria y evitar que Bolivia reproduzca los patrones que llevaron a la decadencia a países vecinos.
Como joven del bicentenario, exhorto a la población a comprometerse seriamente con la restauración de la democracia en Bolivia; “nuestro voto, tu voto, mi voto”, constituye una herramienta poderosa para recuperar los valores democráticos y encaminar al país hacia un modelo de desarrollo eficiente, donde se protejan los derechos fundamentales y se respeten de las libertades individuales. La indiferencia no puede ser una opción, es momento de actuar con responsabilidad histórica.
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