Jack Matijasevic Mostajo
La explotación del litio en Bolivia ha generado serias preocupaciones ambientales y sociales, siendo el consumo de agua uno de los temas más críticos. Mientras el gobierno avanza con nuevos acuerdos con las empresas Uranium One de Rusia y Hong Kong CBC Investment Corporation, la experiencia con las plantas ya construidas en Llipi demuestra que los problemas de acceso y distribución del agua no han sido debidamente abordados.
El Impacto de las Plantas en Llipi.
Las plantas de carbonato de litio y cloruro de potasio ya construidas en Llipi han afectado directamente a 17 comunidades de la región, donde el acceso al agua es limitado. Un estudio realizado en 2021 en 16 de estas comunidades reveló que el consumo promedio de agua por persona es de apenas 30 litros al día, muy por debajo del estándar internacional de 80 litros diarios. En conjunto, estas comunidades utilizan aproximadamente 72,000 metros cúbicos de agua al año.
A pesar de estos problemas, la explotación en Llipi sigue en marcha sin que se hayan implementado soluciones efectivas para mejorar el acceso al agua potable y al saneamiento básico. Los sistemas de agua potable de estas comunidades no cuentan con plantas de tratamiento, lo que significa que el agua que consumen no pasa por un proceso de purificación adecuado siendo su pH demasiado acido. Por otro lado, los sistemas de saneamiento básico, aunque disponen de plantas de tratamiento, no funcionan, lo que provoca que las aguas residuales sean vertidas directamente en el salar, incrementando la contaminación ya producida por las plantas de litio.
Los Nuevos Contratos y un Riesgo Mayor.
El gobierno ahora busca firmar acuerdos con Uranium One de Rusia y Hong Kong CBC Investment Corporation para instalar nuevas plantas en el salar. Sin embargo, los estudios de impacto ambiental en las plantas de YLB en Llipi muestran que el consumo proyectado de estas nuevas instalaciones es de aproximadamente 2.24 millones de metros cúbicos de agua al año, una cifra alarmante si se compara con los escasos 72,000 metros cúbicos anuales consumidos por todas las comunidades de la región. No se sabe a ciencia cierta cuanto será el consumo de agua con la nueva tecnología EDL, pero se estima que se acerque al de las plantas de YLB.
Este consumo desproporcionado podría generar un grave estrés hídrico, afectando no solo a la población local, sino también a la biodiversidad, la ganadería camélida, la producción de quinua y el turismo. Además, el uso del agua para estos proyectos no ha sido debidamente consultado con las comunidades afectadas, violando el derecho constitucional a la consulta previa.
Falta de Consulta y Conflictos por el Agua.
Un claro ejemplo de esta falta de consulta se encuentra en el contrato con Uranium One, donde se menciona el uso de las aguas de la comunidad de Calcha K. Sin embargo, esta fuente hídrica está en disputa con la comunidad aledaña de Julaca, lo que ha impedido el funcionamiento de un proyecto de riego por dispersión en la zona. A pesar de este conflicto, el contrato ignora el problema y establece esta fuente como el principal suministro de agua para la explotación del litio.
Además, no existen estudios hidrogeológicos serios que evalúen cómo la extracción del litio afectará el equilibrio hídrico del salar. A diferencia de los salares secos del norte de Chile y Argentina, el salar boliviano es un ecosistema vivo que genera agua para todo su entorno. Sin un análisis profundo, la explotación irresponsable podría causar daños irreversibles.
En las ultimas horas una minuta de la Cámara de Senadores recomienda al Ministerio de Minería permitir que el Estudio Ambiental con Enfoque Multisectorial se presente después de la firma de los Contratos Administrativos Mineros (CAM), en lugar de antes, como exige la normativa actual. La propuesta de permitir que el Estudio Ambiental se presente después de firmar los Contratos Administrativos Mineros (CAM) debilitaría la protección ambiental y los derechos de las comunidades. Esto facilitaría la entrega masiva de contratos, incluidos los relacionados con el litio, sin un análisis previo del impacto ambiental, afectando fuentes de agua y priorizando intereses mineros sobre ecosistemas y comunidades locales.
Hacia un Desarrollo Sostenible.
Antes de avanzar con nuevos proyectos, es fundamental que el gobierno garantice el desarrollo local. Esto implica priorizar el acceso al agua potable, mejorar los sistemas de saneamiento, fortalecer la agricultura y la ganadería, y promover el turismo con infraestructura adecuada, el cual requiere de promoción, de apoyo técnico y de la dotación de servicios de infraestructura como agua, saneamiento, mejoramiento de rutas, señalética, disposición de resididos sólidos, el cual podría convertirse en la fuente principal de ingresos, ya que por lo que muestra la historia, las “regalías” que genera la minería no llegan a la gente, la muestra clara antes anotada. San Cristóbal no ha desarrollado en nada a la región.
Las decisiones sobre el uso del agua deben basarse en estudios científicos rigurosos, utilizando tecnología avanzada como satélites y drones para monitorear los acuíferos y la recarga hídrica. Además, es imprescindible que la consulta con las comunidades sea real y efectiva, incluyendo a todos los actores y no solo a dirigentes afines al gobierno.
Más allá de la propaganda oficial, el verdadero desarrollo debe centrarse en la sostenibilidad y en el respeto a los derechos de las comunidades.
SIN AGUA, NO HAY VIDA; SIN PLANIFICACIÓN, NO HAY FUTURO.
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