El 27 y 28 de agosto se desarrolló en Santa Cruz la audiencia cautelar por el controvertido préstamo de 327 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) , y solicitado durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez para hacer frente a la pandemia de covid-19.
La medida judicial ha reavivado el debate sobre la independencia judicial, el uso del sistema penal como herramienta política y el respeto al debido proceso.
El préstamo, la devolución y la controversia
El Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI permitió a Bolivia acceder a 327 millones de dólares en abril de 2020. Sin embargo, el actual Gobierno devolvió el monto en febrero de 2021, alegando que el crédito no fue aprobado por ley en la Asamblea Legislativa y que su otorgación implicaba una vulneración a la soberanía económica.
A esa devolución se sumaron más de 24 millones de dólares por intereses y comisiones, una pérdida que —según denunció en su momento el exdirector del BCB, José Gabriel Espinoza— se originó por la liquidación anticipada del préstamo, que estaba pactado a cinco años.
Pese a esta postura, el 23 de agosto de 2021 el Estado boliviano volvió a recibir fondos del FMI por un monto de 326,4 millones, lo que alimenta la percepción de un uso político selectivo del caso.
Acusados y cargos
Entre los procesados figuran el exministro de Economía, José Luis Parada; el expresidente del BCB, Guillermo Aponte; los exdirectores Armando Pinel, Walter Morales, Roger Banegas y José Gabriel Espinoza; así como el exgerente de operaciones del BCB, Walter Guzmán. También fueron incluidos los exfuncionarios del Ministerio de Economía, Carlos Schlink y Cristhian Morales.
Todos enfrentan cargos por resoluciones contrarias a la Constitución, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La defensa alega vulneración de derechos
Sin embargo, la defensa sostiene que el caso es un “doble juzgamiento” y una “persecución política” dirigida contra exautoridades y técnicos, mientras se omite el análisis de responsabilidades en la gestión actual y pasada del MAS.
Se cuestionó la validez y admisión de pruebas presentadas por el Ministerio Público, señalando repeticiones, falta de formalidad y ausencia de individualización, y protestaron ante el rechazo de solicitudes de prueba como una inspección al Banco Central y un informe del Colegio de Auditores. Para la defensa, esto representa una grave vulneración al derecho a ejercer una defensa adecuada.
Alegatos finales entre presiones y cambios de fecha
En un ambiente de apresuramiento, el tribunal intentó fijar la audiencia de alegatos y sentencia apenas para el día siguiente, otorgando solo 10 minutos por parte para su presentación. Ante la protesta de la defensa, se generó un extenso debate.
Finalmente, se acordó que la audiencia final se celebrará el 5 de septiembre a las 14:00 de forma virtual.
Doble estándar en el uso del FMI
La defensa también recordó que durante el gobierno de Evo Morales y bajo el actual mandato de Luis Arce se realizaron operaciones con el FMI sin aprobación legislativa específica y con cargos financieros, lo que abre interrogantes sobre un uso selectivo de la justicia.
