El 21 de febrero se puso en marcha el Acuerdo de Cooperación Migratorio suscrito por el Ministerio de Gobierno de Bolivia y el Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile, convenio que fue observado por la Defensoría del Pueblo debido a que existen dudas en el reglamento.
Pedro Callizaya, defensor del Pueblo, manifestó que se después de realizar un análisis del acuerdo con el objetivo de “garantizar la protección de los derechos de las personas bolivianas y de terceros países que se dirigen a Chile”, existen posibles impactos antes de su implementación y del desarrollo de su reglamentación, sobre todo de la población más vulnerable en situación de movilidad humana.
Mencionó que se envió diferentes notas a tres ministerios para que se tome en consideración las diferentes sugerencias.
El acuerdo tiene por objetivo promover una migración ordenada, segura y regular que contribuya al desarrollo del país, considere las necesidades del territorio y fomente la integración armónica de las personas migrantes, así como el respeto a sus derechos.
En diciembre de 2024, Del Castillo detalló que los ciudadanos bolivianos que vivan en localidades fronterizas con Chile, recibirán una tarjeta de tránsito migratoria vecinal, con la cual podrán ingresar a territorio chileno por hasta tres días. Otro de los convenios indica que aquellos ciudadanos de terceras nacionalidades que ingresen por pasos no autorizados al territorio nacional serán reconducidos hacia territorio chileno. “Esta fórmula también será aplicada de manera viceversa”, dijo la autoridad en aquella oportunidad.
Callizaya señaló que el reglamento debe aclarar qué pasará si hay un extranjero en el que Bolivia ha sido país de tránsito y no de origen y que sea devuelto a Bolivia.
“¿Esta persona se quedará en Bolivia?, ¿Será devuelta a su país de origen?; ¿qué va a pasar con niños que estén con personas adultas que no puedan acreditar su parentesco?; ¿qué se hará con personas que soliciten asilo? Hay temas que se deben esclarecer,”, argumentó.
Las observaciones también se centran en las garantías para la aceptación del retorno o reingreso de nacionales y extranjeros de terceros países, que evadieron el control migratorio en un radio de diez (10) kilómetros de la frontera; la implementación de medidas de protección de niñas, niños y adolescentes, no acompañados o que viajen con adultos que no puedan acreditar su vínculo con ellos.
Además, la aplicación de mecanismos de protección internacional en las zonas fronterizas; y el fortalecimiento técnico y logístico de las entidades que operan en la frontera para garantizar una gestión migratoria adecuada.
Hizo un llamado a las autoridades de ambos países a dialogar sobre la aplicación del Acuerdo, con el propósito de garantizar condiciones justas y seguras.
