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En una audiencia pública del 192º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada el 7 de marzo, organizaciones defensoras del medio ambiente denunciaron ante los comisionados la criminalización que enfrentan por parte del Estado boliviano y empresas petroleras.
Durante la audiencia, representantes de la sociedad civil, específicamente la Subcentral Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tariquía, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), expusieron testimonios sobre situaciones de persecución judicial, amenazas y división comunitaria relacionadas con proyectos extractivos en sus territorios.
Juan Mendoza, líder comunitario de Chiquiacá, denunció la situación de 29 defensores procesados penalmente por rechazar el ingreso de empresas petroleras a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Mendoza manifestó que su comunidad ha realizado múltiples vigilias pacíficas desde 2019 para proteger sus fuentes de agua, y expresó preocupación por la división social y familiar provocada por el ingreso de actividades extractivas.
Por su parte, el Estado, representado por autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, afirmó que los proyectos petroleros cumplen con la normativa ambiental vigente y sostuvo que no existe criminalización contra los defensores ambientales, sino procesos judiciales específicos derivados de denuncias por acciones consideradas ilícitas como agresiones y bloqueo de actividades laborales legítimas.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, reconoció la existencia de procesos judiciales infundados contra los defensores ambientales y denunció la falta de una consulta previa, libre e informada adecuada conforme a estándares internacionales. También resaltó la ausencia de información suficiente sobre los impactos ambientales y sociales de los proyectos.
Finalmente, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los relatores expresaron preocupación por el uso indebido del derecho penal contra defensores ambientales y solicitaron al Estado boliviano mayores garantías para la consulta previa, la transparencia en el manejo de la información sobre impactos ambientales, y mecanismos efectivos para la protección de las comunidades indígenas y campesinas.
