Fuente: Eju Tv
En ese sentido, recordó que generalmente ese servidor público cuando solicitas información, responde que necesita la autorización de su superior o que necesita la autorización desde la oficina central y hasta piden cartas, pero a la final no dan ninguna información requerida.
La asambleísta departamental Azucena Fuertes ganó un amparo constitucional favorable contra el expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, Alberto Quispe Mamani, quien negó el acceso a las actas oficiales del ente legislativo. El fallo, emitido por el Tribunal Constitucional, ratifica que toda persona, con solo presentar su cédula de identidad, tiene el derecho de solicitar información a cualquier institución pública, y que dicha institución está obligada a entregarla sin discriminación ni restricciones indebidas.
“Informar a la población boliviana que he sido notificada desde el Tribunal Constitucional Plurinacional, habiendo ganado un amparo constitucional que garantiza el derecho y el acceso a la información. Todos los bolivianos y bolivianas, incluso los trabajadores de la prensa tienen este derecho vulnerado cuando se acercan a una institución pública y piden información. Este no es solo un triunfo personal, sino un precedente para toda la ciudadanía. La transparencia no es un favor de los funcionarios; es un derecho que protege la Constitución», declaró Fuertes.
En ese sentido, recordó que generalmente ese servidor público cuando solicitas información, responde que necesita la autorización de su superior o que necesita la autorización desde la oficina central y hasta piden cartas, pero a la final no dan ninguna información requerida.
La legisladora recordó que su solicitud de copias de actas fue rechazada por la entonces presidencia de la Asamblea potosina, pese a tratarse de documentación pública. Ante esta vulneración, presentó el amparo constitucional, que ahora fortalece la institucionalidad y el control social en el departamento.
«Como asambleísta departamental también he sido víctima de esta vulneración de derecho cuando solicité informe al presidente de la Asamblea Departamental, este me fue rechazada y por eso accione este amparo constitucional que hoy genera jurisprudencia con la sentencia constitucional 09 21/2025 que ratifica el derecho a la información», enfatizó Fuertes.
Agregó que con esta sentencia, se consolida un precedente que puede ser invocado por cualquier ciudadano del país en casos similares, reforzando el derecho constitucional de acceso a la información y la lucha contra la opacidad en la gestión pública.
