Distintas instituciones del Estado acordaron activar mecanismos de protección para tres concejalas titulares del municipio de Tapacarí en Cochabamba, víctimas de violencia política.
La plaza principal del municipio de Tapacarí, Cochabamba. Foto: Facebook GAMT
Se trata de Hilda Apaza, Felisa Ormachea y Teodora Poma, a quienes se les impide el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, las concejalas Apaza y Ormachea se vieron obligadas a solicitar licencias temporales desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026, mientras que la concejala Poma lo hizo desde noviembre de 2023 hasta enero de 2025, como resultado de los denominados “acuerdos de gestión compartida”.
Sin embargo, al intentar su reincorporación, sus solicitudes fueron rechazadas de manera arbitraria por el Presidente del Concejo Municipal de Tapacarí, en evidente contravención a lo dispuesto por la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales.
Adicionalmente, desde febrero de 2025, las concejalas dejaron de recibir sus salarios y denunciaron el cierre físico de las instalaciones de la Alcaldía y del Concejo Municipal (este último incluso fue tapiado), obstaculizando el ejercicio legítimo de sus funciones.
La inacción del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Tapacarí, la limitada presencia policial y la dilación de los procesos penales agravaron aún más la situación, dejando a las concejalas en una situación de vulnerabilidad y sin acceso a defensa legal, advirtió el ministerio.
Ante ese escenario, los miembros del “Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata de Defensa de los Derechos de las Mujeres en Situación de Acoso y/o Violencia Política”, presidido por el Ministerio de Justicia y conformado por el Ministerio de Gobierno, Policía Boliviana, Viceministerio de Autonomías, Órgano Electoral Plurinacional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, y la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia, acordaron aplicar un conjunto de medidas a favor de las concejalas.
Además, se decidió convocar al Alcalde y al Presidente del concejo a una reunión ampliada del mecanismo, a realizarse el miércoles 24 de septiembre, con participación de todos sus miembros.
En tanto, el Ministerio Público y la Policía Boliviana se comprometieron al cumplimiento de la debida diligencia en los procesos judiciales activados; mientras que el Ministerio de Gobierno gestionará el refuerzo de presencia policial en el municipio, garantizando la seguridad de las autoridades electas.
En esa línea, se enfatizó que enfrentar esta problemática demanda una respuesta articulada, urgente y sostenida, fundamentada en el marco normativo vigente y en una voluntad política decidida a garantizar los derechos conquistados por las mujeres.
